Derecho reiteradamente vulnerado en la ciudad de Melilla.
En Día Internacional de la Educación, queremos relatar cómo en Melilla se quebranta el derecho constitucional a la educación para menores que viven en la ciudad autónoma, derecho garantizado tanto por la ley del menor como la de extranjería, diversas sentencias del Tribunal Constitucional, y por la normativa internacional.
Durante casi ya dos décadas, distintas entidades, entre ellas La asociación Pro Derecho de la Infancia (Prodein), denuncia cómo hasta a 400 niños/as en Melilla se les ha imposibilitado el acceso a la educación. La explicación de las administraciones, sin fundamentar en ninguna norma, se basa en que estos niños y niñas no pueden demostrar su residencia en la ciudad, a pesar de llevar años viviendo y la mayoría haber nacido en ella. El acceso a la residencia y como requisito, al padrón, se les prohíbe porque su padre o madre se encuentra en situación administrativa irregular. Hechos que delatan cómo el racismo impregna las instituciones locales.
Tras años de denuncia por distintas entidades y organismos, en 2022, el Ministerio de Educación cambia el proceso de admisión para posibilitar la escolarización de estos niños y niñas en Melilla. Pero con una trampa, se deja de exigir el padrón a estas familias, en cambio, se flexibilizan otros requisitos para así poder continuar negando otros derechos básicos a estas personas.
Ya ha pasado un curso lectivo desde que la mayoría de estos niños y niñas han sido admitidos por el sistema educativo y asistido al colegio, a pesar de toda la burorrepresión que continúa dictando sus vidas.
La realidad en el aula es ajena a todas estas grandes leyes, de poco sirve que se reconozcan los derechos si no hay recursos ni medidas que permitan llevarlos a cabo. La inclusión en el aula de estos niños y niñas, muchos/as analfabetos, ha fracasado con creces. Estos niños y niñas de nueva escolarización en los centros, no son atendidos de forma específica, no hay recursos ni medidas que hagan efectivo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los centros delegan en el/la profesor/a del aula prácticamente todas las competencias al respecto, sin una formación adecuada.
Además, el profesorado se suele encargar de dinamitar la motivación de estos niños y niñas para adquirir todos esos conocimientos básicos que las administraciones les han negado hasta ahora, pues la educación en Melilla se rige bajo metodologías comúnmente dominadas por la amenaza y el castigo.
Además de la violencia burorrepresiva, varias de las familias han recibido notificación de un proceso de expulsión por estancia irregular en Melilla. Siendo este un procedimiento que nunca se hubiera iniciado si no hubieran exigido los derechos de escolarización de sus hijos e hijas.
La única alternativa educativa que han tenido estos niños y niñas, debido a la imposibilidad de matricularse en un colegio público español, durante las últimas décadas es la Residencia de Estudiantes Marroquíes. Esta escuela no está sometida a ningún control del Ministerio de Educación, los inspectores de este ministerio ni siquiera pueden entrar a la escuela, siendo este el único centro de enseñanza extranjero al que el Ministerio de Educación no puede acceder. El sistema educativo español no reconoce los títulos que este centro expide.
Cualquier centro educativo extranjero que lleve a cabo actividad docente en España, debe cumplir un Real Decreto. El Ministerio ha llamado la atención a este centro por su incumplimiento, sin embargo, continúa abierto impartiendo una actividad alegal ante los ojos de las autoridades melillenses.
Otro tema que lleva tiempo preocupándonos es la educación a la que tienen acceso los menores que han llegado solos a la ciudad y se encuentran en centros de acogida. Tenemos constancia de que es mínimo el número de estos niños que tiene acceso a la educación pública española. No son pocas las ocasiones en las que alguno de los chicos que viene a nuestros espacios de encuentro que se encuentra tutelado por la ciudad autónoma nos ha manifestado su deseo de estudiar y nos relata cómo los educadores del centro en el que reside les niega sistemáticamente este derecho constitucional, sin explicación precisada.
Por último nos gustaría mencionar el absoluto desamparo al que se conduce a los/as menores que se encuentran en situación de calle en Melilla, un problema crónico en la ciudad. Sin ningún recurso sanitario, habitacional y, por supuesto, educativo.
Desde SW denunciamos como Melilla lleva años ya siendo conocida por el absoluto desprecio a los DDHH y a la total impunidad de sus actores, negando sistemáticamente en este caso un derecho tan básico y sentencioso como la educación, el cual es reiteradamente vulnerado en la ciudad.
Se confirma, una vez más, que Melilla no posee un modelo de integración, no se marcan objetivos ni se coordinan acciones para reducir las profundas desigualdades. La falta de recursos especializados hace muy difícil la garantía de los derechos básicos.
Otro hecho a destacar es que en España, a diferencia de otros países europeos, se limita la obligatoriedad escolar solo entre los 6 y 16 años. Esto da lugar a efectos perjudiciales entre la población migrante y transfronteriza, porque inician la etapa educativa más tarde y acaban dejándola antes que sus compañeros/as españoles.
Denunciamos todas las políticas racistas, ilegales y criminales que se dan en Melilla, prácticas que permanecen impunes, amparadas y financiadas por la Unión Europea y el Gobierno español.
Exigimos al Ministerio de Educación velar por que la legislación nacional garantice el acceso pleno y equitativo de todos los niños y niñas a una educación inclusiva y de calidad en el sistema educativo.