Hace sólo un mes, el CIDOB (Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona) dentro del programa REGIN (Regiones para la Integración de Migrantes y Refugiados) que es un proyecto europeo bianual (2019-2021) ha publicado un análisis comparativo de la gestión de la migración entre diferentes regiones de la Unión Europea, entre ellas se analiza la Ciudad Autónoma de Melilla.
Este informe pretende dar a conocer cómo desde las administraciones e instituciones se trabaja por la integración de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Por esta razón no es mera casualidad que se analice una ciudad como Melilla: primera puerta donde pedir refugio, ciudad de tránsito para muchos, pero también ciudad de permanencia y construcción de un futuro para otros.
Los resultados de dicho análisis no son positivos para la ciudad. Pese a ser la única región de España analizada que utiliza fondos nacionales para poner en marcha sus acciones de integración a las personas migradas y solicitantes de asilo, es la región peor puntuada en todos los aspectos analizados.
En primer lugar se confirma algo que muchas ya sabíamos, y es que la ciudad no tiene un modelo de integración, no dispone de unos objetivos ni estructura de coordinación y tampoco cuenta con acciones pensadas para reducir la desigualdad entre las personas migradas y las nacionales. A pesar de que la ciudad tiene todas las competencias necesarias para poder hacerlo y tiene el acceso al presupuesto suficiente.
En segundo lugar, el marco normativo de la integración es completamente perverso, dificultando el acceso a los derechos más básicos de las personas, con trabas administrativas sin sentido como el bloqueo al acceso al padrón, o la larga espera para poder acceder a los servicios sociales.
El precario sistema de integración que existe necesita urgentemente de acciones que promuevan un cambio estructural para poder dar respuesta a las necesidades especiales de las personas migrantes. No existen políticas para la inserción laboral, ni la educación, ni la sanidad, ni el acceso a la vivienda. Reproduciendo así la desigualdad.
Este informe también critica el hecho de que el gobierno regional solo dispone de contactos constantes, solo otorga subvenciones y elabora convenios con aquellas entidades y oenegés que trabajan con migrantes en situación regular, dejando de lado totalmente a las entidades que acompañan a las personas en situación administrativa irregular.
En conclusión, a pesar de que Melilla disponga de los recursos económicos necesarios para la integración de las personas migradas y solicitantes de asilo, hasta el momento:
- No se ha realizado una estrategia de integración específica, que juntamente con un marco normativo excluyente y discriminatorio hacen que la población migrada de la ciudad viva durante generaciones segregada y sin acceso a los derechos más básicos, y que aquellas personas en tránsito arriesguen sus vidas para poder alcanzar otra región donde poder construir su futuro.
- Tampoco se han elaborado planes y acciones concretas para mejorar la situación de las personas migrantes, mostrando de esta manera la escasa voluntad política por defender los derechos humanos.
La ausencia de éstos es una decisión política para vulnerarlos.
Informe MIPEX-R: la gobernanza de la integración en seis regiones españolas: