EL EMPADRONAMIENTO EN LA CIUDAD DE MELILLA

3 AÑOS ESQUIVANDO EL PRIMER PELDAÑO DEL ACCESO A LOS DERECHOS BÁSICOS

3 AÑOS OBVIANDO LA REALIDAD DE LA CIUDADANÍA

3 AÑOS DE VIOLENCIA

 

Hace un año, en septiembre de 2021, más de 150 niños y niñas fueron, por primera vez, escolarizados/as en el sistema educativo español tras 20 años de lucha incansable por parte de sus familias con el apoyo de diferentes asociaciones de Melilla (principalmente la Fundación Prodein). En defensa del derecho fundamental de los y las menores a recibir una educación y denunciando la vulneración de su derecho a la escolarización se pronunciaron el Defensor del Pueblo, el Comité de Derechos del Niño, la Asociación de Abogados Extranjeristas y la Plataforma de Infancia, a la vez que se creó una petición en change.org donde se consiguieron más de 10.000 firmas de apoyo.


Durante todos esos años, para impedir la escolarización de los menores marroquíes, las autoridades melillenses se escudaron en que no pueden probar su residencia en la ciudad, sin embargo, y tras el cierre de la frontera por la pandemia, la residencia efectiva de estas familias se ha hecho más que patente. Hizo falta una pandemia mundial y un cierre total de la frontera entre España y Marruecos para que el derecho a la escolarización de los y las menores fuera protegido y garantizado. Durante el tiempo anterior a la flexibilización de los requisitos, multitud de niñas y niños han crecido sin escolarizar. Como le ocurrió a Ikram, melillense no reconocida, nacida en la ciudad pero invisible para la Administración. Niños y niñas cuyo derecho al interés superior del menor fue reiteradamente vulnerado en la ciudad.


La forma por excelencia de demostrar la residencia en un lugar es el padrón de habitantes, un registro administrativo en el que han de constar las vecinas y los vecinos de un municipio. Por tanto, la manera más sencilla de probar la residencia efectiva de los menores en la ciudad donde deben escolarizarse es el empadronamiento. Sin embargo, el acceso a este mero registro se les prohíbe sistemáticamente bajo el pretexto de que sus padres y madres se encuentran en situación administrativa irregular (requisito injustificado de exigencia de visado a las personas con documentación de Nador).

El Defensor del Pueblo ya se había pronunciado un año antes sobre esta cuestión, recomendando el empadronamiento efectivo de los menores en la ciudad; recomendación que, a día de hoy, no ha tenido efectos prácticos en la ciudad de Melilla.

Ante esta oportunidad de garantizar los derechos de los y las menores y las familias que efectivamente residen en la ciudad, -más que evidentemente tras el cierre de la frontera-, las autoridades prefirieron mirar a otro lado y esquivar el primer peldaño de los derechos básicos. En vez de garantizar el empadronamiento de los menores para darles acceso a sus derechos básicos, se flexibilizaron los requisitos de escolarización, dejando de exigir el empadronamiento para probar la residencia de los y las menores en la ciudad. Una victoria amarga. Una victoria que además trajo consigo la persecución y criminalización de los padres y las madres que habían luchado por escolarizar a sus hijas e hijos.


El mes pasado se cumplieron tres años de la mentada recomendación del Defensor del Pueblo a la ciudad de Melilla en cuanto a la obligación de empadronar a toda la ciudadanía que en ella habita. Tres años de violencia y omisión de los derechos de las personas marroquíes que viven en la ciudad. Una ciudad que invisibiliza a sus propias habitantes. Tres años esquivando derechos básicos.


Esta misma institución volvió a pronunciarse sobre el tema en abril de 2021, esta vez en relación a la ciudad de Ceuta pero alcanzando conclusiones igualmente aplicables a Melilla. Recomendaba el Defensor del Pueblo a la ciudad autónoma valorar la oportunidad de acudir a las administraciones competentes solicitando que se elimine de la normativa en materia de padrón la exigencia de visado a los nacionales que disfrutan de un régimen específico de exención de visado en materia de pequeño tráfico fronterizo. Siendo el motivo principal que, además de ser un requisito discriminatorio, ha perdido totalmente su sentido desde que se cerraron las fronteras.



En el mismo sentido de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo ha dictado recientemente la Sentencia 473/2022 por la que dejaba clara la existente dicotomía del menor como migrante, vulnerando el derecho superior del menor al anteponer la condición de persona migrante. En ella se deja claro que la exigencia de visado supone una discriminación de los menores extranjeros en situación administrativa irregular respecto de sus iguales con documentación regular en España. El padrón no es un simple registro, es la puerta de acceso a los principales derechos de nuestro Estado Social: sanidad, educación, servicios sociales, etc. A pesar de que estos derechos derivan de normas con rango legal, en la realidad están siendo bloqueados por normas reglamentarias, lo que ha conllevado la vulneración flagrante de los derechos de los y las menores de la ciudad.

Ni las recomendaciones del Defensor del Pueblo, ni la Sentencia de nuestro Alto Tribunal han supuesto, hasta la fecha, ningún cambio real en la práctica del empadronamiento en las ciudades de Ceuta y Melilla.

De la misma manera que con la escolarización, cuando las familias han intentado realizar la inscripción padronal de sus hijos e hijas menores de edad buscando proteger sus derechos y garantizar su futuro, se han encontrado con amenazas y violencia burorrepresiva por parte de la Administración.


En consecuencia, podemos afirmar contundentemente que el padrón de habitantes en Melilla falla como medio para constatar la realidad de la población en cada momento. El registro municipal de habitantes de Melilla no refleja de forma fiel el número de habitantes de la ciudad, y por tanto es un instrumento incapaz de cumplir con su finalidad. Desde Solidary Wheels volvemos a reivindicar la importancia de un cambio administrativo en la práctica de las inscripciones padronales. Las autoridades deben dejar de mirar a otro lado, de saltarse la normativa y esquivar derechos, para empezar a visibilizar la realidad de los y las habitantes reales de esta ciudad.


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