Llegada a Melilla de 21 personas el pasado 15 de marzo de 2023: demostración de la opacidad y de la irregularidad de los procedimientos de acogida de las personas migrantes
CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS
La Isla de Alborán es un islote que se encuentra a 55 km del cabo de Tres Forcas (Marruecos) y a 85 km al sur de Adra (España). Esta isla de menos de 1 km² se encuentra a medio camino entre Melilla y Almería, y pertenece al territorio español desde 1540. Actualmente, está habitado por un destacamento de la Armada española y cuenta con edificaciones básicas tales como un puerto y helipuerto así como un cementerio. Por su posición geográfica, la isla suele ser recurrente, tanto en destino como en parada, para las diferentes embarcaciones de personas que intentan cruzar el Mediterráneo.
El pasado 15 de marzo a las 14:20h recibimos una alerta de que un barco de Salvamento Marítimo había rescatado a 21 personas que se encontraban en dicha isla desde hacía uno o dos días según testimonios, y entre ellas como mínimo 3 menores. A través de una aplicación de seguimiento se puede localizar y saber el punto de partida así como el recorrido que ha realizado y la posición en tiempo real de la embarcación. La embarcación de salvamento Salvamar Spica había salido de Almería y después de efectuar el rescate se dirigió hacia la costa marroquí, era incierto si hacia Melilla o bien hacia Marruecos para efectuar una devolución.
Hacia las 16:00h llegaron al puerto de Melilla escoltados por la Guardia Civil, y una vez en tierra firme les esperaban unos 20 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Esta última blindó el acceso a la zona, impidiendo a periodistas y fotógrafos acercarse y solicitando además, la identificación a quienes se encontraban observando lo sucedido, incluyendo a dos voluntarias de Solidary Wheels: “dicen que tienen que identificar a las personas que están en la zona”.
Las 21 personas fueron asistidas por dos ambulancias de la Cruz Roja -bajo la supervisión de un gran despliegue policial- y distribuidas en dos furgonetas lisas, una blanca y otra gris (sin el logo de los cuerpos de seguridad en cuestión). A las 17:00h la Delegación del Gobierno informó que “El Ministerio de Interior, por una necesidad puntual en la gestión de la llegada de una patera, ha decidido trasladar al Puerto de Melilla a 21 personas, todos ellos varones y de los cuales 3 son menores de edad, que han sido rescatados de la isla de Alborán por la Salvamar Spica, por ser este el puerto más cercano, para poder dar respuesta a esta situación”. 30 minutos más tarde arrancaba el convoy organizado para el traslado hasta la Jefatura Superior de Policía Nacional, encabezado por dos coches de la Guardia Civil seguido de las dos furgonetas lisas, dos furgonetas y dos coches de la Policía Nacional.
Una vez aparcadas las furgonetas en la Jefatura de Policía Nacional, las 21 personas fueron entrando una por una a la comisaría por la puerta trasera, iban esposadas. Son retenidas durante varias horas y hacia las 22:00h una furgoneta con 4 personas dentro se desplaza hacia el Centro de Menores La Purísima.
Simultáneamente Europa Press sacó el siguiente comunicado: “Un dispositivo formado por efectivos sanitarios de Cruz Roja y de seguridad como la Guardia Civil y Policía Nacional han recibido a la embarcación de salvamento marítimo para la atención de los migrantes y su traslado al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en el caso de los adultos y el Centro de Acogida en el de los menores.”. Sin embargo, esto no fue así.
La segunda furgoneta con más de 10 personas salió de la Jefatura aproximadamente a las 23:00h, pero no se dirigió al CETI, sino a paradero desconocido, le perdimos la pista.
Confirmamos al día siguiente que no se trasladó al grupo de adultos al CETI y a día de hoy tampoco han accedido a dicho centro.
CRÍTICA Y DENUNCIA
Desde Solidary Wheels denunciamos la falta de transparencia de esta llegada y la irregularidad del procedimiento llevado a cabo. Con la publicación del comunicado, Delegación de Gobierno se posicionó públicamente como el bienhechor de la narrativa, sin embargo, obvió mencionar el gran despliegue policial que esperaba en tierra firme a estas 21 personas y los pasos posteriores que se iban a tomar para garantizar el respeto a los derechos de las personas atendidas. Dicho despliegue fue desproporcionado y responde a una gestión criminalizadora de los movimientos migratorios, actuando con total opacidad e impunidad.
Hemos tenido conocimiento, recientemente, de que los jóvenes recibieron órdenes de devolución. Según lo que indica el RLOEX en su artículo 23.1, la propuesta de devolución únicamente puede aplicarse si “a) Los extranjeros que habiendo sido expulsados contravengan la prohibición de entrada en España”, o bien, “b) Los extranjeros que pretendan entrar irregularmente en el país. Se considerarán incluidos, a estos efectos, a los extranjeros que sean interceptados en la frontera o en sus inmediaciones.”. Cabe señalar en este punto que los jóvenes fueron, según testimonios, interceptados en la Isla de Alborán (algunos incluso llevaban más de un día en la misma), y de la misma forma se indica en el comunicado del Ministerio de Interior respecto del rescate. Por tanto, se podría entender que no fueron interceptados en la frontera ni en las inmediaciones de la misma, siendo incorrecta la aplicación de dicho procedimiento y la detención realizada.
Además, tenemos constancia de que la mayoría de las personas mayores de edad que llegaron a la ciudad de Melilla desde la Isla de Alborán han solicitado protección internacional, habiendo realizado la entrevista en la actualidad. En este punto cabe recordar la STJUE de 25 de junio de 2020 que refiere “98. Habida cuenta de que, como se ha hecho constar en el apartado 94 de la presente sentencia, el nacional de un tercer país que ha manifestado ante «otra autoridad», en el sentido del artículo 6, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2013/32, su voluntad de solicitar protección internacional goza de la condición de solicitante de protección internacional, su situación no puede estar comprendida, en este estadio, en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/115.”. Queriendo esto decir que en el caso de haberse realizado dicha manifestación por parte de los jóvenes, las personas deberían haber sido trasladadas en la mayor brevedad para poder llevar a término dichas solicitudes.
Esto no es un hecho aislado, es una práctica recurrente de los cuerpos de seguridad del estado hacia los jóvenes marroquíes llegados a territorio español. Nos hemos encontrado otros casos en los que se incoa una propuesta de devolución incorrectamente pues los jóvenes no fueron interceptados en el acceso, más bien lo contrario, llevaban horas o incluso días en la ciudad.
No hubo comunicados oficiales posteriores en los que se actualizara el estado de la situación, ni mucho menos se nombró el hecho de que estuvieron detenidas en comisaría aproximadamente 5 horas, sin saber si se estaba materializando su solicitud de asilo o se les estaba comunicando una propuesta de devolución.
Asimismo, los medios de comunicación publicaron varias noticias en las que se anunciaba el traslado de 4 personas al centro de menores y de las restantes al CETI. Efectivamente 4 menores fueron transportados al centro, pero las restantes fueron subidas a una furgoneta y trasladadas a paradero desconocido, ya que en el CETI no ingresó nadie aquella noche ni al día siguiente. Esto es un ejemplo más de la opacidad de los procedimientos policiales.
Los CETIs son “dispositivos de primera acogida provisional y destinados a dar servicios y prestaciones sociales básicas al colectivo de inmigrantes y solicitantes de asilo que llegan a alguna de las Ciudades con Estatuto de Autonomía”, regulados por los artículos 264 a 266 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por Real Decreto 557/2011. Es decir, estas 21 personas -igual que todas aquellas personas de nacionalidad marroquí que se encuentran en situación de calle actualmente- tienen el derecho a beneficiarse de este recurso. Sin embargo, en base a unos requisitos discriminatorios y sin base legal, se prohíbe el acceso de las personas marroquíes solicitantes de asilo. Además, en estos momentos el CETI de Melilla se encuentra prácticamente vacío, consecuentemente hubiese tenido la capacidad de albergar, sin dificultad alguna, este grupo recién llegado.
Desde Solidary Wheels denunciamos la falta de transparencia y de igualdad de los procedimientos de acogida de las personas migrantes en la Frontera Sur. Esto genera sentimientos de incertidumbre e inseguridad para las personas afectadas porque desconocen si una vez llegadas a Europa sus derechos van a ser respetados o no.
Lo ocurrido el 15 de marzo forma parte de una estrategia de invisibilización que expone a las personas migrantes a una mayor vulnerabilidad y desprotección dejándoles sin respuesta una vez llegadas. Esta maniobra incluyó un despliegue policial desproporcionado en el puerto de Melilla, un dispositivo sigiloso y discreto que pudo esconder lo que estaba teniendo lugar y el impedimento a documentar estos hechos. Esta violencia estructural y simbólica obstaculiza el cumplimiento de sus derechos fundamentales y las expone a situaciones de alta vulnerabilidad.
Por otra parte, también queremos subrayar que el hecho de desembarcar en Melilla en lugar de en Almería representa un trato discriminatorio y tiene consecuencias para el camino migratorio de estas personas. Desconocemos las razones de la elección de Melilla como puerto de acogida puesto que no se ha hecho ninguna comunicación oficial al respecto. El caso es que, ahora que las solicitudes de asilo han sido registradas en Melilla, estas personas deben esperar un mes y un día a que sean admitidas a trámite para poder viajar a la península y tener acceso a recursos y oportunidades que, en ocasiones, son restringidos en la ciudad autónoma. Esto influye en la prolongación del trayecto migratorio que a menudo es ya muy largo y lleno de obstáculos.
Nuestro trabajo en el terreno continúa y seguimos atentas al futuro para seguir denunciando este tipo de prácticas que van en contra de una acogida digna, de procedimientos transparentes y de un respeto incondicional de los derechos de todas las personas migrantes.