Melilla y Nador: cuando la calma es solo apariencia

Parece que todo ha terminado. Las imágenes virales de las últimas semanas han desaparecido, las calles recuperan aparentemente la normalidad y, desde lejos, podría parecer que la tensión ha quedado atrás. Pero, tal y como preveíamos en publicaciones previas, esa calma es engañosa. Más que un desenlace razonable de los acontecimientos, lo que se percibe en estos momentos es un estado de pausa marcado por la incertidumbre y la intranquilidad.

Patrullero Río Segura de la Guardia Civil en el Puerto de Melilla. Solidary Wheels: No Borders For Human Rights, a 6 de agosto de 2026.

A los heridos y desaparecidos durante el propósito de cruce a Melilla — de cuya cifra todavía no existen datos oficiales— se suma ahora otra realidad mucho menos visible: la de las personas detenidas. Decenas de jóvenes permanecen bajo custodia judicial en Marruecos, convertidos en el rostro de una respuesta coercitiva que busca emplear su maquinaria de represalia implacable sobre la ciudadanía.

En la provincia de Nador y, particularmente, en la entrada de Beni Enzar, continúa la externalización del control de la frontera. La presencia de seguridad se mantiene en puntos estratégicos, cerca del puerto marítimo, de la frontera terrestre, en las estaciones de autobuses y en los lugares donde se controla el transporte interurbano que conecta Nador con Beni Enzar.

Según la información disponible ofrecida por la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), son 52 las personas detenidas que se enfrentarán a actuaciones judiciales. De ellas, 11 serán procesadas penalmente ante el tribunal de segunda instancia, mientras que otras 41, entre las que se encuentran dos chicas, serán procesadas ante el tribunal de primera instancia por delitos considerados menores. Nos consta que algunos de estos detenidos no alcanzan la mayoría  de edad.

Las cifras dibujan una dimensión de la situación que no siempre aparece en las imágenes de la frontera. Detrás de cada detenido hay una familia, una historia y, ahora, un proceso judicial cuyo desarrollo preocupa especialmente a las organizaciones de derechos humanos en Marruecos por las circunstancias en las que se produce.

El derecho a la defensa, un derecho en riesgo 

Una de las principales preocupaciones es precisamente el desarrollo de las garantías procesales. Las primeras vistas se han desarrollado el día 10 de agosto ante el Tribunal de Primera Instancia de Nador, en un momento especialmente delicado debido al estado de huelga indefinida en el que se encuentran actualmente abogados del país vecino.

Puesto fronterizo de Beni-Enzar. Solidary Wheels: No Borders For Human Rights, a 1 de agosto de 2026.

Ante el temor de que las personas detenidas pudieran ser juzgadas sin contar con una defensa efectiva, las organizaciones que las acompañan han velado por el aplazamiento de las vistas con el objetivo de garantizar el derecho de la parte acusada a disponer de asistencia letrada.

De las personas que comparecieron el primer día, distribuidas en 13 expedientes, solo 7 se encuentran en libertad a la espera de ser juzgadas. Existen mujeres entre las restantes que permanecen en prisión preventiva y cuya vista estaba prevista celebrarse en modalidad telemática, frente a 11 que comparecieron de forma presencial. La mayoría de los detenidos solicitaron que el juicio se celebrara de forma presencial y que pudieran ejercer su derecho a la defensa con la presencia de abogados.

Finalmente, ha sido posible aplazar el juicio hasta el 13 de agosto para quienes solicitaron que la vista fuera presencial, y hasta el 17 de agosto para quienes solicitaron disponer de representación letrada y tiempo para preparar su defensa.

Esta cuestión adquiere una especial relevancia cuando se tienen en cuenta las consecuencias que una condena puede tener sobre la trayectoria migratoria de las personas afectadas. Contar con antecedentes penales puede suponer una barrera para acceder a algunos de los escasos procedimientos habilitados para la regularización de la situación administrativa en países europeos, cerrando vías a las pocas alternativas disponibles. De este modo, las consecuencias de un proceso penal pueden trascender la propia condena, teniendo un impacto directo y duradero sobre las posibilidades de las personas de construir un proyecto de vida en condiciones de seguridad. 

Las garantías judiciales deberían adquirir todavía mayor importancia de cumplimiento cuando los hechos no han sido debidamente esclarecidos y las personas afectadas son expuestas a situaciones de extrema vulnerabilidad en territorios de frontera extenuantes.

La frontera como herramienta de presión

Al igual que en Ceuta se ha instalado una valla marítima de 500m de largo y se ha producido un nuevo despliegue de las tan cuestionadas concertinas, en Melilla también se perciben cambios que hablan de una política de seguridad cada vez más violenta que irrumpe en la vida cotidiana de acuerdo a intereses fronterizos y políticos. 

Dique Sur, Melilla. Solidary Wheels: No Borders For Human Rights, a 7 de agosto de 2026.

En el Dique Sur se ha colocado nuevo vallado en la única zona perimetral que permanecía libre de barrera física y que tradicionalmente ha sido empleada por pescadores. Un espacio cotidiano, asociado al ocio, queda así incorporado a la lógica de la vigilancia y del control fronterizo. Añadiendo, para mayor perjuicio de las personas, la instalación de la misma barrera marítima a priori provisional que tiene como objetivo una función jurídica de rechazo en frontera de las personas que se desplazan a nado hacia Melilla.

Dique Sur, Melilla. Solidary Wheels: No Borders For Human Rights, a 13 de agosto de 2026.

La instalación de estas vallas, además de incluir un elemento más dentro de la arquitectura securitaria de la ciudad, representa la progresiva transformación de espacios de uso ciudadano en zonas condicionadas por la lógica represiva y hostil de la frontera.

Aunque una demarcación fronteriza pueda estar más o menos presente en el día a día de las personas, no debemos olvidar que siguen siendo constructos imaginarios capitalizados según intereses geopolíticos. Por tanto, las vallas, muros y controles policiales, entre otros, no sólo no son tan rígidos como creemos, sino que son modificables según las decisiones políticas y la respuesta ciudadana. 

Ya en 2022, ocurrió con la masacre en Melilla, cuando al menos 37 personas migrantes fallecieron como consecuencia de la violencia policial en la infraestructura fronteriza y más de 400 fueron devueltas desde el territorio español. Una actuación que vulnera el principio de “no devolución” del Estatuto del Refugiado y que no representa eventos aislados, sino que refleja el negocio de externalización de fronteras entre Marruecos, España y Europa.

Ahora, cuatro años después, y tras la visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a Argelia, ambos países pretenden recuperar y fortalecer sus relaciones político-económicas, acordando celebrar en octubre de 2026 una Reunión de Alto Nivel centrada en energía, comercio, migración y seguridad. Este acercamiento ha generado descontento al rey Mohamed VI, ya que las relaciones entre Marruecos y Argelia se encuentran en un punto de ruptura desde 2021, en un conflicto marcado especialmente por la cuestión del Sáhara Occidental y el cierre del gasoducto Magreb-Europa. De este modo, las fronteras vuelven a utilizarse como herramienta de presión en las relaciones entre ambos países, siendo las personas que intentan atravesar las vallas de Ceuta y Melilla quienes pagan el alto precio de la necropolítica articulada por la Europa fortaleza.

Las infancias: cuando la vulnerabilidad se transforma en espectáculo

La modificación de la maquinaria fronteriza, el endurecimiento de los controles y el aumento de la fortificación a través de barreras físicas, no son los únicos cambios claramente visibles: la infancia y adolescencia tutorizada que permanece en Melilla requiere una atención adecuada y urgente que no se le está proporcionando.

Algunos de ellos deambulan por las calles expuestos a todo tipo de violencia, intimidación y situaciones de vulnerabilidad. Otros permanecen en los patios de los centros bajo el sol, pasando horas en condiciones denunciables que en ningún caso garantizan su protección y bienestar. Siendo que, por su minoría de edad, deberían disponer de una protección especial asegurada por parte de las instituciones, la realidad es que se encuentran desatendidos y expuestos a una grave situación de desprotección y desamparo.

A ello se suma un fenómeno especialmente preocupante: la exposición pública de su imagen en condiciones de extrema vulnerabilidad. De forma reiterada, esta juventud es fotografiada en la vía pública sin consentimiento, a modo de ambientación de una humillante escena fronteriza. La imagen de una persona en situación  de vulnerabilidad, y con más razón si es menor de edad, no puede convertirse en un objeto de curiosidad ni en una herramienta socio-política. La normalización de estas representaciones debería hacernos reflexionar sobre cómo observamos a infancias y adolescencias especialmente en demarcaciones de la Europa colonial.

Securitización al otro lado de la valla

En el lado marroquí se observa la imponente presencia de una brigada uniformada con monos de trabajo color negro, similares a los empleados en mecánica. Resultando lo más impactante la ausencia de cualquier tipo de identificación visible que permita determinar a qué cuerpo o fuerza de seguridad pertenecen. A simple vista, se puede percibir que van equipados con cascos, viseras y porras, sin que parezcan portar otras armas consigo. 

Puesto fronterizo de Beni-Enzar, Marruecos. Solidary Wheels: No Borders For Human Rights, a 1 de agosto de 2026.

Representan un gran número de personas, la mayoría de ellos de apariencia muy joven, frente a los pocos agentes que visten con el uniforme reglamentario y que no son más de los ya habituales en la zona. Todo apunta que los jóvenes uniformados podrían estar relacionados con el servicio militar obligatorio que afecta a personas de entre 19 y 25 años y tiene una duración establecida de doce meses. No obstante, esta asociación no ha sido oficialmente confirmada.

En términos generales,  no  se aprecian personas que sigan intentando acceder a Melilla en los últimos días. Lo que sí resulta evidente es la presencia de un dispositivo de seguridad que contrasta con la aparente calma de la zona. Una calma que, al igual que en el lado español, puede ocultar una realidad mucho más compleja, dura y desalentadora.

La desesperanza de la juventud marroquí ha quedado manifiesta tras las protestas del movimiento GenZ212. Desde un malestar estructural han reclamado mejoras en la sanidad y la educación públicas, oportunidades laborales, una lucha efectiva contra la corrupción y una mayor justicia social. Sin embargo, las autoridades fueron brutalmente represivas, generando miles de detenciones y procedimientos judiciales. 

En este contexto, la voluntad de migrar debe entenderse como la expresión de una profunda falta de expectativas y oportunidades, así como a la inseguridad incluso en espacios de reivindicación colectiva. Se debe organizar una respuesta centrada en las personas ante un proceso natural como es la migración, sin que ello tenga que pasar por la militarización, la criminalización y la aceptación de vulneraciones de derechos como parte del funcionamiento ordinario de la frontera. 

Una frontera que no termina en la valla

Cuando un evento crítico termina en apariencia, persisten sus consecuencias. La aparente calma no representa el fin de la violencia, sino su transformación en formas menos visibles. Quedan los detenidos, los heridos, los desaparecidos, las familias esperando respuestas y las infancias intentando sobrevivir en espacios que deberían protegerlos y no reimaginarlos como amenaza. 

Permanecen también las barreras: las físicas, instaladas en el territorio; las institucionales, que determinan quién puede cruzar y quién se queda fuera; y las invisibles, que se levantan alrededor de quienes esperan una respuesta judicial o de la juventud que permanece en la incertidumbre de una posible devolución. Mientras esta lógica prime, la violencia seguirá existiendo, aunque deje de ocupar portadas.

La pregunta ya no debería ser únicamente qué ocurrió en esa línea divisoria o quién intentó cruzarla. No podemos ignorar la consolidación de un modelo fronterizo que normaliza la excepcionalidad como forma de gobierno. Qué está sucediendo antes y después con las personas afectadas, en sus barrios, en los tribunales, en los centros de menores, en las calles y en la memoria de quienes se han quedado en el camino. La verdadera pregunta ya no es quién consiguió cruzar una frontera, sino qué coste humano estamos dispuestos a aceptar para sostenerla.