Hablemos de lo que hay que hablar: El régimen de excepcionalidad en Ceuta y Melilla

Ceuta y Melilla son dos ciudades autónomas en el norte de África rodeadas por una triple valla, dos fosos y una concertina que constituyen la única frontera terrestre entre África y Europa. Empezamos así para recordar que la excepcionalidad se ha instaurado como la normalidad que rige el día a día de unas ciudades fronterizas perimetradas por un muro de violencia y segregación. 

Esta excepcionalidad y esta violencia seguirán ahí cuando los focos mediáticos se apaguen. Las entidades que trabajamos en Ceuta y Melilla vemos a diario la violencia y la discriminación sistemática en las muertes silenciadas en el mar, en la actuación de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes, en la imposibilidad de acceder a derechos básicos como el padrón, la sanidad o la educación, así como en la restricción a la libre circulación hacia la Península, entre muchísimas otras situaciones. 

En 2021, tras las entradas de personas a Ceuta, publicamos un recordatorio del artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (o mejor dicho, de los derechos europeos y blancos), que expone: “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio”. Sin embargo, pareciera que hablar de derechos humanos sólo interesa en determinadas ocasiones a un Gobierno que ha sido responsable de múltiples devoluciones violentas e ilegales, haciendo especial énfasis en lo sucedido en el Tarajal en 2014 y la masacre de Melilla del 24 de junio de 2022.

Hoy, en comparación con entonces, vemos un discurso aún más beligerante por un lado por parte de la población civil que criminaliza la migración y por otro lado  por parte de políticos y medios de comunicación, que se enfocan en el número de llegadas para evaluar la situación en términos  de “gravedad” y “excepcionalidad”, poniendo el foco en las personas para penalizar, en lugar de ponerlo en la externalización de las fronteras y en las políticas que permiten la instrumentalización de seres humanos como herramienta de presión entre estados. 

España y la Unión Europea pactan prácticas violentas y al margen de la legislación en sus relaciones bilaterales con Marruecos y otros países fronterizos siendo, en esa alianza perversa, las personas que cruzan quienes pagan las consecuencias. En esta maniobra que legitima la violencia ejercida por los estados y sus mal llamadas fuerzas del orden -en especial autoridades fronterizas-, el hecho de golpear y devolver ilegalmente a personas en sus rutas migratorias es felicitado, mientras que ejercer el derecho de libre movimiento, incluso si comporta cruzar una valla o lanzarse al mar, se señala como un acto criminal. 

Especialmente preocupante es la situación de las infancias. Las devoluciones de niñas y niños vulneran el principio del interés superior del menor, al no garantizar la evaluación individualizada de sus necesidades de protección. Estas actuaciones incumplen las obligaciones establecidas en la normativa nacional e internacional y exponen a las infancias a situaciones de mayor riesgo, violencia y desprotección, subordinando sus derechos al control migratorio. 

Como vemos en otros sucesos, el discurso político y de los medios de comunicación sobre la realidad de la frontera perpetúa la lógica de securitización y represión, fomentando una alarma social profundamente racista al utilizar términos como “invasión” migratoria. Pero, preguntémonos qué es lo que se quiere ocultar al poner el foco mediático en la seguridad de la nación y no de las personas. ¿Por qué no hablamos de lo que hay que hablar? ¿Por qué sólo hablamos de Ceuta y Melilla en estos términos? ¿Por qué ponemos el foco aquí ahora? ¿Por qué sólo se habla de esta excepcionalidad en situaciones de emergencia y el resto del tiempo no nos cuestionamos el sistema que alimenta la naturaleza de estas ciudades? ¿Por qué no hablamos de su pasado y su presente colonial?

Es imprescindible comprender esta realidad bajo el concepto de necropolítica, entendida como una forma de control establecida durante el período colonial que sigue vigente hasta nuestros días. Este término acuñado por Mbembe, plantea que la expresión última de soberanía descansa en el poder de decidir quién puede vivir y quién debe morir.

Dichas políticas de muerte están profundamente ligadas y condicionadas por el concepto de raza, ubicando al racismo como una dispositivo que permite la ejecución de ese "derecho a matar". Se trata entonces de la generalización de modos específicos de soberanía, que se caracterizan por la producción de muerte a gran escala condicionadas por la colonialidad y el racismo, los cuales gracias a las múltiples tecnologías fronterizas y políticas de externalización, no siempre aparecen frente a nuestros ojos.

Bajo este marco de deshumanización es que se inscriben las decenas de muertes de personas en las costas “europeas” de estos días, y las miles de muertes silenciadas del "otro" lado de la valla, que aparentemente ya nadie ve.

Más allá de la respuesta inmediata, es necesario abrir una reflexión profunda sobre el propio modelo de fronteras. El debate no puede limitarse exclusivamente a cómo reforzar el control o la seguridad, o a medidas que de alguna manera “parcheen” la situación, ya que hacerlo desplaza del centro las preguntas fundamentales: ¿Qué vidas protegemos, qué derechos garantizamos y qué responsabilidades compartimos como sociedad ante este modelo migratorio?

La forma en que hoy se gestionan las fronteras condiciona nuestra manera de entender la movilidad humana, y corre el riesgo de presentar como inevitables, políticas que generan exclusión, violencia, vulneración de derechos, desprotección y muertes. Si aceptamos que la respuesta a la movilidad debe ser, ante todo, el control, reducimos el espacio para imaginar alternativas que sitúen la vida y los derechos humanos en el centro.

Aunque carecemos de respuestas certeras, sí mantenemos la convicción de que es imprescindible cuestionar un modelo que convierte la libertad de circulación en un privilegio para unas personas, y en un riesgo para otras. Sólo desde una reflexión crítica sobre nuestras fronteras, nuestros privilegios y nuestras responsabilidades podremos avanzar hacia políticas migratorias que pongan la vida por encima de la lógica de la securitización y el control.

Hablemos de muertes evitables: al menos 140 personas asesinadas en esta ocasión por las políticas de fronteras.

Hablemos de detenidos.

Hablemos de geopolítica.

Hablemos de responsables.

Hablemos de privilegios.

Hablemos de dignidad y de vida.