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ILP Regularización Ya

¿Qué es una ILP? 


Una ILP es una iniciativa legislativa popular, también llamada iniciativa ciudadana. Es un mecanismo de democracia directa prevista por la Constitución española (art. 87.3) en el que las propuestas de leyes no surgen del Congreso, sino del pueblo. Eso sí, se necesita la presentación de, al menos, 500.000 firmas para poder presentar una ILP. Es una manera fundamental de abrir vías para necesidades identificadas por la ciudadanía que puedan no estar teniendo repercusión suficiente a nivel gubernamental o legislativo.


La Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, establece los procedimientos, plazos y requisitos que debe seguir una ILP para ser tomada en consideración por el Pleno de la Cámara.


Cuando decimos que el Congreso “ha dado luz verde” a la ILP de regularización no quiere decir que esta haya sido aprobada, sino que se han cumplido con los requisitos para que esta propuesta legislativa empiece a ser debatida, enmendada y votada para convertirse en ley (en concreto, una ley que reforma la Ley 4/2000, conocida como Ley de Extranjería). Esta iniciativa ha sido apoyada por más de 900 entidades, asociaciones y ONGs, y más de 700.000 firmas ciudadanas.


Tras un intenso debate parlamentario, y las intervenciones de Aziz Faye (Sindicato Mantero de Barcelona), Edith Espínola (Trabajadoras del hogar y los cuidados SEDOAC) y Gonzalo Fanjul (PorCausa) apoyando la iniciativa, finalmente, todos los partidos, salvo Vox, han decidido apoyar que esta ILP de regularización de personas migrantes empiece a ser tramitada. 




¿Regularizar a quién? 


Las exigencias de regularización no son nuevas, pero sí se avivaron en la primavera de 2020 cuando, en plena pandemia mundial, muchas personas migrantes quedaron (aún más) fuera de cualquier tipo de ayuda o toma en consideración, o incluso fueron directamente perseguidas. Al mismo tiempo, fueron ellas quienes sostuvieron de forma mayoritaria los empleos que necesitaba nuestra sociedad para seguir adelante (agricultura, cuidados, limpieza, etc.).


Según los cálculos, unas 500.000 personas podrían beneficiarse de esta posible regularización extraordinaria. Los requisitos iniciales establecidos en el texto de la propuesta son que las personas deben haber permanecido en España de forma ininterrumpida con fecha previa al 1 de noviembre de 2021.


Las personas en situación de irregularidad no pueden acceder a los servicios públicos básicos en muchos casos y se enfrentan a una fuerte desprotección laboral, abocándoles a la economía sumergida, con todas las violencias que ello implica y con la vulnerabilidad añadida en el caso de mujeres y niños y niñas en situación irregular.


Según Save the Children, la mayoría de las personas en situación irregular en España procede de América Latina, más de la mitad son mujeres y unos 112.000 son menores de 16 años.


“Otro colectivo que sufre especialmente las consecuencias de la irregularidad administrativa son las mujeres migrantes, muchas de ellas madres solas, que no pueden acceder a ayudas, permisos laborales y demás beneficios sociales al embarazo y la maternidad por encontrarse fuera del sistema. Muchas de ellas ocupan trabajos feminizados de cuidados y domésticos, invisibilizados y muy difíciles de detectar, por ejemplo, en una inspección de trabajo” Sarah Babiker, El Salto

Cabe recordar que en España hay mucha más gente en situación irregular de la que se podría acoger a esta posible regularización. En el proceso que tiene por delante esta ILP se va a decidir, a través de enmiendas de los partidos políticos, qué requisitos adicionales se exige para acceder a ella. Es importante que la opinión pública esté bien informada de esto y exija a sus representantes que no eludan sus promesas electorales ni tergiversen el sentido de la iniciativa ciudadana original. Nos jugamos mucho como sociedad. 


¿Esto se ha hecho antes? 


Sí, de hecho se han producido en total ocho regularizaciones en la historia democrática de nuestro país, tres impulsadas por el Partido Popular y cinco por el PSOE. La última fue en 2005, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero facilitó los papeles a 576.506 trabajadores no comunitarios (Newtral). 


No sólo en España se han producido procesos colectivos de regularización. También otros países de la Unión Europea han recurrido a este mecanismo en diversos momentos. Entre 1996 y 2008 se llevaron a cabo 43 programas de regularización en 17 Estados miembros (RTVE). Las regularizaciones más recientes fueron las realizadas por Portugal e Italia en plena pandemia, una respuesta apoyada por el Relator Especial de la ONU para los derechos humanos de los migrantes. 


¿Por qué ahora? 


La pregunta, quizás, debiera ser “¿por qué no se ha hecho antes?”. Ya en 2020 se vio que las personas migrantes sostienen gran parte de la sociedad española, tanto en el ámbito económico como en el del mantenimiento más básico de la vida, los cuidados. Existen argumentos prácticos contundentes, a la par que utilitaristas, para apoyar la regularización de personas migrantes. Su contribución en sectores como el de los cuidados, la agricultura o la industria manufacturera fue un factor determinante en los primeros meses de la respuesta a la pandemia, apuntalando la producción y distribución de alimentos o garantizando el cuidado de niños y mayores.


“La irregularidad de los inmigrantes supone para las arcas públicas españolas un coste anual medio de 2.000 euros por inmigrante. En caso de regularización, la aportación fiscal neta de los inmigrantes en situación irregular se incrementaría por encima de los 3.250 euros.” Fundación PorCausa

Además, hay quienes hablan del impacto positivo que esta regularización tendría en sectores con falta de trabajadores como la agricultura, en el reforzamiento del sistema de pensiones o en la reversión del envejecimiento de nuestra sociedad.


“Las últimas reformas de la legislación de extranjería (primero con la incorporación laboral de los jóvenes extutelados y después con la flexibilización y ampliación de las formas de arraigo) se han limitado a (re)ordenar el mercado de trabajo, priorizando el incremento de la base de una pirámide laboral y demográfica que se estrecha en España de forma peligrosa”. G. Fanjul, El País

Sin embargo, en nuestra opinión, pesan más los argumentos éticos que los prácticos para apoyar la regularización de personas migrantes de esta ILP. Necesitamos volver a poner la vida en el centro:


“El movimiento por la regularización de las personas aboga por desalojar a los de siempre de las periferias escarbadas en el centro: los mercados de mano de obra barata que funcionan en las rotondas y los arcenes de la falta de derechos (...). Garantizar la seguridad de aquellas personas que saben que un paso en falso por una ciudad que se presume amable y divertida podría conducirles de bruces a un CIE, ser despojados de todo por lo que lucharon, perder el control sobre el mañana.” Sarah Babiker, El Salto

Porque vivimos en una sociedad global y cambiante, cuyo concepto legal de ciudadanía ya no refleja su composición real. Una sociedad diversa, rica y participante, que se nutre de quienes llegan y quieren formar parte plena de ella, a pesar de los impedimentos estructurales que les impone la ley de extranjería y las políticas migratorias. Lo vemos en las calles, en las escuelas, en los barrios: nuestra sociedad no es blanca, ni tiene un único acento, sino que está compuesta por muchas personas muy diversas que sólo necesitan una autorización de residencia para poder escapar de la subalternización, la explotación y opresión. Para acceder a derechos, y vivir.


Las consecuencias de la irregularidad administrativa para una persona migrante son tan fuertes y devastadoras que constituyen el primer factor de vulnerabilidad social y legal. Es decir, no tener papeles impide a muchas personas acceder a la justicia, a la salud y a la educación, les expone de forma clara a la pobreza, la violencia, la explotación laboral y la exclusión social. 


“La tasa de riesgo de pobreza en los hogares de migrantes con menores a cargo es del 60%; para los hogares españoles, esta tasa es del 20%”. G. Fanjul, El País 

¿Con qué nos estamos confundiendo? (bulos) 


  • Volumen de impacto: en torno al 14% de las personas migrantes extracomunitarias que viven en España se encuentran en situación administrativa irregular. Aproximadamente, hay unas 500.000 personas en situación irregular en España. La composición de este colectivo muestra una mayoría amplia de latinoamericanos (solo el 11% de los migrantes irregulares son africanos), con preeminencia de mujeres, jóvenes y con niños.

  • Sin embargo, esta iniciativa legislativa AÚN NO ha sido aprobada. Es decir, no conocemos los requisitos exactos que se tendrán que cumplir para poder regularizarse por lo que, por ahora, es imposible conocer exactamente el número de personas que podrían acogerse a esta regularización. 

  • No confundir con las regularizaciones ordinarias: Las vías ordinarias (arraigos y demás figuras contempladas en la LOEX) siguen ahí. Las personas que quieran acogerse a ellas tendrán que seguir cumpliendo con los requisitos marcados (contrato de trabajo, tiempo de estancia mínimo, ausencia de antecedentes penales, etc.). 

  • Efecto llamada: No existe evidencia empírica que vincule un incremento significativo de la inmigración irregular con las medidas de amnistía administrativa. Estas medidas se producen de manera absolutamente excepcional e incorporan condiciones objetivas como el tiempo de residencia real previa, que anulan el atractivo para los recién llegados.



Esta ILP no es suficiente para solucionar el problema de fondo. 


Se haga o no la regularización, estos inmigrantes no van a desaparecer de nuestras sociedades, porque forman parte de la sociedad, aunque la ley les niegue el reconocimiento jurídico de ser.


“Los obstáculos prácticos, legales y electorales a los procesos de deportación masiva –empezando porque el coste de la expulsión es considerable, y la regularización muy rentable–, así como el consenso político de no expulsar a algunas de las nacionalidades más representadas en el colectivo actual de inmigración irregular, hacen que el dilema verdadero sea este: perpetuar una realidad que provoca graves costes directos para los afectados, riesgos epidemiológicos y un importante coste de oportunidad para el conjunto de la sociedad; o poner el contador a cero y trabajar para evitar que esta situación se repita en el futuro”. Fundación PorCausa

Por ello, es importante darle continuidad a la lucha por los derechos de las personas migrantes. La aprobación de esta ILP con unas condiciones de acceso lógicas, que permita al mayor número de personas posibles acogerse a ella, es importante. Y como sociedad debemos presionar políticamente para que nuestros representantes en el Congreso lo lleven a término. Pero no basta con eso. El movimiento antirracista y por la regularización de personas migrantes insiste: debemos luchar por una reforma integral de la Ley de Extranjería para flexibilizar el acceso a la regularización por las vías ordinarias para sacar a las personas migrantes de los márgenes, trabajar por una sociedad más justa y un respeto efectivo de los Derechos Humanos de todas.


Enlaces:


Comparecencias Fanjul, Aziz, Edith:


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