Día internacional de la paz: ¿Quién se lucra del discurso del miedo en el control migratorio?

Por Arés Perceval y Andrea Farrés


Hoy, 21 de septiembre, es el Día Internacional de la Paz. Las Naciones Unidas lo establecieron en 1981 y, dos décadas más tarde, en 2001, la Asamblea General decidió designar este día como jornada de no violencia y alto al fuego, dedicándolo al fortalecimiento de los ideales de la paz. En 2016, ésta dio un paso más, reconociendo el Derecho Humano a la Paz como parte de los llamados derechos de tercera generación o derechos de solidaridad.


La paz, sin embargo, no es solo la ausencia de conflicto. La paz es el derecho a una vida libre de violencia y de discriminación. Ahora bien, cuando fijamos nuestra mirada en el Mediterráneo, nos encontramos con un espacio donde estos derechos, fundamentales para la construcción de la paz, están muy lejos de ser respetados. En España, las políticas migratorias, fruto de un racismo estructural y altamente militarizadas, provocan miles de muertes por las cuales nadie se responsabiliza.


Este año, la Caravana Obrim Fronteres, ha continuado denunciando la vulneración de derechos que sufren las personas migrantes, y ha puesto el foco en la relación que hay entre la venta de armas a países en conflicto y las migraciones. Como dice el informe “La espiral de violencia de la España Fortaleza” de Novact y el Centre Delàs una de cada cinco armas españolas ha sido exportada a lugares en conflicto armado o tensión.


Como se puede ver en la Base de Datos ”Levantando Muros” del Centre Delàs, además de la triple valla en Melilla, la cual es una de las fronteras terrestres más desiguales del mundo, hay tres operaciones marítimas (Hera, Indalo y Minerva) realizando control de los flujos migratorios en Frontera Sur. Estas están mayoritariamente financiadas y lideradas por FRONTEX, la Agencia Europea de Fronteras, ya que la frontera sur española, y europea, es un escenario clave y estratégico para el control migratorio.


Sin embargo, cerca del 90% de los migrantes entra de manera regular a España (en avión) y después se queda de manera irregular, por lo que este fenómeno nada tienen que ver con el control fronterizo. Como analiza la fundación Por Causa, la industria del control migratorio, que incluye la externalización y el blindaje de fronteras, vuelos deportación y centros de internamiento, y mueve cantidades ingentes de dinero, se rige por intereses políticos y beneficios de empresas que utilizan el discurso del miedo y del odio para justificar esta desproporcionada inversión en securitización.


Estas fronteras, terrestres, marítimas, y virtuales, que cuestan miles de millones de euros del erario público, son el laboratorio de Europa, y su expansión, como apuntan el Transnational Institute, el Centre Delàs y Stop Wapenhandel en su informe de “The Business of Building Walls” va in crescendo.


Entonces, ¿quién se beneficia de esta “industria”, que fomenta la política del miedo y un régimen fronterizo represivo con blindaje de fronteras? Por Causa, a través de su investigación, destapa una maraña de licitaciones públicas opacas, poderosos lobbies y el sistema de puertas giratorias. Y es que contrario a lo que podríamos pensar, esta industria no es menor: como también identificó Por Causa, desde 2014 hasta 2019, el Gobierno adjudicó 660 millones de euros en contratos relacionados con el control migratorio. Ésto, sin incluir los fondos transferidos a Gobiernos fuera de la Unión Europea, como Marruecos, denominados “de ayuda al desarrollo”. España canaliza esa ayuda de forma directa a instituciones públicas o privadas de los países o de forma indirecta a través de ONGD y organismos internacionales (¿Dónde está el dinero? Por Causa).


Analizando más de 1.600 contratos, Por Causa concluye que en España las grandes beneficiadas de este gasto público, que entre 2014 y 2019 fue de más de 100 millones de euros, son multinacionales como Indra, Dragados, Ferrovial, Babcock Mission, ACS, Atos, Telefónica, Amper y El Corte Inglés. Además, estas empresas, después de que estos contratos les fueran adjudicados, emplearon decenas de políticos, convirtiéndose en un preocupante ejemplo del sistema de puertas giratorias.


La declaración adoptada por la Asamblea General en 2016 sobre el Derecho a la Paz proclama que toda persona tiene derecho a disfrutar de la paz de tal manera que se promuevan y protejan todos los derechos humanos y se alcance plenamente su desarrollo.


Sin embargo, como concluye el informe “Derechos Humanos en la Frontera Sur” de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, España tiene un régimen fronterizo represivo, lo que se traduce en “un deterioro de las condiciones en las que se produce la movilidad. […] La migración es una realidad social y una práctica cotidiana. La creación de rutas legales y seguras debe ser la consecuencia”. Como recalca Por Causa, de 2014 a 2019 España se gastó 8 veces más erario público en detener y expulsar a migrantes que en promover su acogida e integración social y laboral.


Mientras España siga fomentando el discurso del miedo para promover la securitización y que las grandes multinacionales, especialmente de la industria militar, se lucren con el control migratorio, el derecho a la paz nunca será posible.

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