¿Has leido nuestro informe? || Actualización de acontecimientos en Melilla

Considerando los impactos de la reciente violencia fronteriza durante mayo de 2021 y situando esto en un contexto histórico de devoluciones y violaciones de derechos humanos desde los enclaves españoles hacia Marruecos, publicamos un informe sobre la situación en Ceuta y Melilla, observando la represión estatal continuada y en aumento hacia las personas en movimiento. Este informe ha sido investigado y redactado por el Disinfaux Collective, No Name Kitchen y Solidary Wheels, y publicado por la Border Violence Monitoring Network.



El informe examina el contexto de los enclaves como lugares de tránsito, analizando la evolución en torno a la valla, los pasos marítimos y la movilidad fronteriza local. Combinando relatos de primera mano de personas sometidas a expulsiones violentas, así como una visión general de los actores y las tecnologías de vigilancia implicadas, se señala la arquitectura fronteriza de los enclaves como herramienta de disuasión y abuso.


La publicación se centra principalmente en los acontecimientos ocurridos a partir del mes de

mayo de 2021, cuando miles de subsaharianos y personas procedentes de ciudades marroquíes vecinas cruzaron a Ceuta y Melilla por tierra y por mar. La forma en que las autoridades españolas y marroquíes trataron este tránsito a gran escala revela las pautas existentes en materia de expulsión colectiva y brutalidad policial.


A pesar de que estas regiones están internacionalmente aceptadas como españolas, y por lo tanto forman parte de la Unión Europea, las personas que se desplazan reciben un trato diferente dentro de los enclaves, lo que crea un pretexto legal para las expulsiones forzosas, y la posterior violencia relacionada con estos procesos. Un ejemplo reciente es lo que pasó el 13 de agosto cuando España y Marruecos iniciaron un proceso de devolución, devolviendo al final 54 menores desde Ceuta (y 2 menores desde Melilla), violando la ley sobre la protección del menor y los acuerdos internacionales.


Adicionalmente, la pandemia y el consecuente cierre de la frontera durante 1 año y medio han afectado la situación en Ceuta y Melilla, en lo que respecta a la movilidad de las personas que entran desde Marruecos, y el uso de la violencia racista para controlarla e inhibirla; mostrando una escalada y expansión de la violencia llevada a cabo utilizando perfiles raciales.


En cuanto a devoluciones en caliente, después de expulsar a 4 personas (entre ellos 2 menores de edad) del 26 de julio, el AMDH reportó la devolución de otras 2 personas el 28 de julio. Durante el mes de agosto, estas devoluciones exprés ilegales se reprodujeron.


Más recientemente, en el periodo de agosto y septiembre las entradas por mar se intensificaron: 125 personas llegaron a Vélez de la Gomera el pasado 20 de septiembre, 41 personas a Isla de Tierra el 21 de agosto y 2 personas a las Islas Chafarinas el 18 de septiembre. Todas esas personas han sido devueltas a Marruecos aunque muchas solicitaron protección internacional. En Isla de Tierra, la unidad antidisturbios y la Guardia Civil utilizó la violencia contra las personas migrantes llegadas, con gas lacrimógeno y porras.

Al menos 10 personas migrantes han fallecido en el mar de Melilla este año, ya sea habiendo caído cruzando la frontera o intentando subirse al ferry. No es extraña la llegada de cuerpos sin vida al puerto de Melilla. Las dos últimas muertes fueron el 10 de agosto y el 21 de septiembre.



Los últimos meses la tensión en las fronteras de Melilla ha persistido, debido al incremento en los saltos en masa. El registro que se tiene, donde muchas entradas no se contabilizan, indica que durante el periodo del 17 de agosto al 30 de septiembre hubo al menos 1.294 intentos de entrada a la ciudad de Melilla desde Marruecos, mayoritariamente por saltos a la valla pero también a nado. La gran mayoría de estos intentos fueron frustrados por la policía marroquí y española, que colaboran en el control de las fronteras españolas (externalización de fronteras europeas y españolas) a través de violencia policial excesiva, entre otras tácticas que vulneran los derechos humanos de las personas migrantes.



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